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Período en el Gobierno de Juárez
La Mérida independiente inició su vida con deseos de cambio en todos los órdenes, pero en la arquitectura ese cambio no se reflejó, salvo en contadas ocasiones. En realidad, el proceso de cambio a la vida independiente se realizó sin grandes transformaciones.
Definitivas fueron las leyes promulgadas por el gobierno de Benito Juárez ordenando la desamortización de los bienes del clero, pues muchos edificios fueron vendidos o adaptados para usos totalmente ajenos a sus funciones originales.

"Independencia completa"
Después de la independencia, Yucatán sufrió constantes luchas internas, tanto entre los grupos gobernantes como con los indígenas que se rebelaron y lucharon por su autonomía y libertad durante la llamada Guerra de Castas, que sembró destrucción y muerte en Yucatán a mediados del siglo XIX. Este conflicto acabó prácticamente con la mitad de la población nativa y la etapa crítica de ese conflicto se dio entre 1847 y 1857, cuando incluso los sublevados llegaron muy cerca de la capital, Mérida, con la consiguiente alarma para los habitantes. Para ese entonces México se encontraba en plena guerra contra Estados Unidos y trataba de detener la expansión estadounidense sobre nuestro país, razón por la que el gobierno nacional no pudo apoyar militarmente a las autoridades yucatecas.
La Guerra de Castas concluyó cuando los indígenas se replegaron a lo más profundo de las selvas quintanarroenses, sin que se declarara en alguna ocasión su derrota total.
Ante las crisis que Yucatán vivió, aunado a la falta de posibilidades de venta para sus mercancías, la producción y la comercialización del henequén se constituyeron en el eje de la economía estatal.

"Restableciendo el orden"
En 1861, el presidente Juárez suspende el pago de la deuda externa, lo que ocasiona que Inglaterra, España y Francia declaren la guerra a México. Los dos primeros se abstienen de la agresión, no así Francia que ocupa el país, lo que fue del agrado de los conservadores que apoyan la coronación de Maximiliano de Habsburgo como Emperador de México.

AI término de la intervención francesa se inició la reconstrucción en los aspectos político y económico y lo primero que se llevó a cabo fue la convocatoria para elecciones presidenciales, para el periodo 1868-1872, en las que resultó electo Benito Juárez, quien a lo largo de su gobierno se preocupó por restablecer el orden.
Es en este momento que se aplica la polémica ley Lerdo, que promovió la venta de inmuebles, propiedades de sociedades eclesiásticas y civiles, pero que en Yucatán estuvo provista de mecanismos particulares que la diferenciaron de las demás regiones del país.

La Ley Lerdo -llamada también de Desamortización- estableció que todas las fincas rústicas y urbanas que poseyeran o administraran las corporaciones civiles y eclesiásticas, tales como conventos, colegios, parroquias, hospitales, cofradías, casas de beneficencia y demás, se adjudicarían en propiedad a los arrendatarios. También señalaba que todas las adjudicaciones se harían dentro de los tres meses siguientes de su publicación, pagándose un impuesto del 5% por el traslado de dominio; en caso contrario, las fincas quedaban sujetas a denuncia, se vendían al mejor postor en almoneda y se le entregaba al denunciante la octava parte del valor que se obtuviera.
Esta ley produjo en la Iglesia y en la sociedad Meridana diversos tipos de reacciones, unas a favor y otras en contra.
Los identificados con la causa liberal vieron en esta ley un medio para cambiar la situación de atraso en que se encontraba la sociedad y también para privar a la Iglesia del control y monopolio de la propiedad; en cambio, el otro sector -los conservadores-, interpretó la norma como un ataque a la Iglesia y a la religión católica.
La aplicación de la ley en Yucatán -a diferencia de otras partes del país, en donde las leyes promulgadas por el gobierno de Juárez iniciaron una era de profundas transformaciones urbanas pues muchos de los edificios coloniales fueron adaptados para usos totalmente ajenos a sus funciones originales- no encontró resistencia violenta, ni siquiera expresiones ofensivas y altaneras hacia el gobierno, pues la reglamentación no despojó a la Iglesia de sus bienes: sólo la obligó a ponerlos en circulación para convertirlos en capital e hipotecas.
Al decretarse en 1859 la Ley de Nacionalización, gran parte de las propiedades que poseía la Iglesia se destinaron a centros docentes o de beneficencia.

Entre las corporaciones propietarias de bienes se hallaban, entre otras, el convento de Monjas Concepcionistas de Mérida, con 24 fincas urbanas cuyo valor estimativo de la época ascendía a 8,725 pesos; el Colegio de Mérida, con cuatro fincas, siendo su valor total de 8,400 pesos; el Fondo de Cofradías de Mérida, con tres casas; la parroquia de Tizimín, nueve, y la Sociedad de Jesús María, dos, con un valor estimativo superior a los tres mil pesos.
 
 
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